Luego de condenar enfáticamente el acto de agresión ejecutado por la Federación de Rusia contra la nación ucraniana y los crímenes de guerra y de lesa humanidad que son su consecuencia, vemos con grave preocupación los efectos que de suyo habrán de derivarse para el mundo, en lo particular para Occidente, por obra de la guerra; todavía más cuanto que, en los días previos a su estallido, China y Rusia, con vistas a las “relaciones internacionales que entran en una Nueva Era” según la Declaración Conjunta que suscribieran entonces, afirman como “asuntos internos de los Estados soberanos” las cuestiones sobre la democracia y los derechos humanos. “Sólo corresponde al pueblo del país decidir si su Estado es democrático”, es el predicado de aquella que pone en tela de juicio el criterio de universalidad consagrado a partir de la Carta de San Francisco de 1945, a saber, el principio de la inviolabilidad de la dignidad de la persona humana.

Las agendas políticas y económicas regionales y nacionales avanzan de modo preferente en Occidente y en un marco de deconstrucción cultural sobre los llamados nuevos temas que impulsa la globalización; desasidas, por ende, de todo fundamento antropológico. La libertad, como arbitrio de conciencia y la responsabilidad por las consecuencias de su ejercicio, buscarían ser aisladas de su interdependencia con la democracia, entendida como forma de vida, y con la vigencia de un Estado constitucional de Derecho. No por azar, del conjunto de los 193 Estados parte de la actual ONU sólo se reconocen a 21 Estados como democracias plenas. Tanto que, al momento de decidir su Asamblea General sobre la exclusión de la Federación de Rusia del Consejo de Derechos Humanos por sus palmarios crímenes de guerra y de lesa humanidad, una importante proporción de sus Estados parte se abstienen, sumados a los que se oponen.